Entre el silencio y la delación 4 часть

Además, le decía Goma, «yo le aseguro señor Aguirre, con la mano puesta sobre mi pecho de sacerdote, que la Jerarquía no calló en este caso, aunque no se oyera su voz en la tribuna clamorosa de la prensa o de la arenga política. Hubiera sido menos eficaz: pero yo puedo señalarle el día y el momento en que se truncó bruscamente el fusilamiento de sacerdotes».

Tan claro como el agua cristalina. La jerarquía de la Iglesia, identificada y fusionada con las armas franquistas, no necesi­taba de la «tribuna clamorosa de la prensa» o de la «arenga»


política para protestar. Hablaba con quien tenía que hablar y presionaban a quien tenían que presionar. Ese era el método. Y lo podían haber utilizado para «truncar bruscamente» los asesinatos impunes de muchas más personas, de miles de ellas. Pero no eran sacerdotes, sino «rojos» y «canalla marxista» por los que no valía la pena incordiar al Generalísimo.

En cualquier caso, el asesinato de esos sacerdotes y la «cuestión vasca» en general actuaron como elemento «distorsionador» del matrimonio perfecto entre las armas franquistas y la Iglesia católica. La «Carta abierta» de Goma fue «favora­blemente acogida y agradecida» por Franco, quien «quiso que se costeara a cargo del Estado la copiosa tirada», y aunque al­gunas autoridades la juzgaron «benévola», reconocían «que un prelado no podía usar de los términos y formas propios de un militar».

Para eso ya estaban los militares, que seguían sancionando a sacerdotes y religiosos acusados de nacionalistas, prohibien­do terminantemente el uso del euskera en las escuelas y en las iglesias, asesinando en las provincias de Álava y Guipúzcoa. Los intentos de mediación fallaron. Mola y Franco querían a los vascos, rojos y separatistas, a sus pies y bien rendidos. Y así llegaron los bombardeos de Durango y Gernika ya reseña­dos. Y las protestas de católicos extranjeros que pedían «que no se cubra con una máscara de guerra santa una guerra de exterminio». Que maten, insistía Jacques Maritain el 1 de ju­nio de 1937, «si creen que han de matar, en nombre del orden social o de la nación, lo cual ya es bastante horrible, pero que no maten en nombre de Cristo Rey, que no es un jefe guerrero, sino un rey del perdón y de la caridad».



«Judío converso», le llamó Ramón Serrano Súñer, el cuñadísimo, para insultarle y mostrar bien a las claras lo que Mari­tain creía, que «la guerra santa odia más ardientemente que al infiel a los creyentes que no la sirven». Y muchos años des­pués, en los albores de la España llamada del desarrollo, fray Justo Pérez de Urbel, más martillador de herejes que el mismí­simo don Marcelino Menéndez Pelayo, recordaba que hubo «un puñado de sacerdotes a quienes la justicia tuvo que sacri­ficar». Pero «fueron sacerdotes que se valieron de su autori-


dad para engañar a sus feligreses, para llevarles a la muerte, para luchar en unión con los enemigos de la Fe, traidores a su Patria y, lo que es peor todavía, traidores a su Dios». Pero, ¿qué había que esperar del abad mitrado del Valle de los Caí­dos? Lo respondió Herbert R. Southworth en 1963, dos años después de que Pérez de Urbel escribiera eso: «El sacerdote de los vencedores se deleita sobre los cadáveres de los sacerdotes de los vencidos.»

Fuera del País Vasco hubo también algunos sacerdotes «traidores a su Patria y a su Dios» asesinados, de los que va­mos conociendo detalles gracias a investigaciones recientes. Fue el caso de Jeroni Alomar Poquet, estudiado por Nicolau Pons, fusilado en 1937 en Mallorca, en la misma isla en que Georges Bernanos había denunciado la complicidad en los asesinatos de la mayoría del clero.

Jeroni Alomar Poquet era un sacerdote singular. Aficiona­do a los libros, había investigado la forma de descubrir aguas subterránLas y sentía una especial inclinación hacia el mundo de las telecomunicaciones, tan especial que llegó a hacer un curso de radiotransmisor por correspondencia, en inglés, con Estados Unidos. Procedía de una familia conservadora, bas­tante acomodada, rica si se comparaba con la mayoría de las que la rodeaban.



Su hermano Francesc, tras recibir esa formación conserva­dora y de derechas, se afilió a Acción Republicana y en 1934 acabó en Esquerra Republicana Balear, el partido de Emili Darder, el alcalde de Palma ejecutado en el cementerio de su ciudad el 24 de febrero de 1937. Francesc Alomar fue deteni­do en esa caza del sospechoso que emprendieron los derechis­tas de la isla tras el desembarco del capitán Bayo en Portocristo. Jeroni, sacerdote desde 1917, coadjutor de Llubí en ese momento, hizo desde el principio todo tipo de gestiones para liberarlo, incluida una entrevista con el influyente capellán fa­langista Nicolau Sagesse. Parece ser que incluso presentó una denuncia ante las autoridades y el obispo Miralles le exigió que la retirara. Envió también una carta al gobernador Mateo Torres, quien le contestó que su hermano había militado en partidos republicanos y «como comprenderá, con estos ante-


cedentes no es posible atender a su natural, humana y lógica petición».

Tanto se esforzó por liberar a su hermano que empezaron a investigarle a él. Desde el ayuntamiento de Llubí y desde su parroquia, regentada por Lorenzo Martorell Pou, no enviaron buenos informes. Jeroni se llevaba muy mal con el párroco y los falangistas y sobre todo con un cura de Falange apellidado Tugores. Entre tanto falangista y clero aguerrido, Jeroni Alo­mar desentonaba. Le acusaron de que con su radiotransmisor estaba en comunicación con los enemigos de la «causa na­cional». En una carta a su madre, Isabel Poquet i Caimari, le decía que le habían tendido una trampa, que le acusaban de ser de izquierdas, que todas las acusaciones partían «de esta mala gente verguista de Llubí», es decir, de la gente de Juan March y el viejo caciquismo.

Se enfrentó a un Consejo de Guerra el 12 de mayo de 1937 y veintiséis días después, el 7 de junio, fue conducido con otros dos condenados al cementerio de Palma. El obispo, José Mira­lles, no hizo nada por salvarlo, aunque según algunas infor­maciones, envió a su «capellán de honor», José Paylaró, a Ca­pitanía General a las 5 de la mañana de aquel 7 de junio. Llegó tarde. Cuando un año después escribió una «relación de los hechos ocurridos con motivo de la guerra» para enviar al nun­cio apostólico en Madrid, monseñor Hildebrando Antoniutti, Miralles calificaba a Jeroni Alomar de «díscolo» e «izquierdis­ta», justificando su asesinato.

En el momento de ser fusilado gritó: «Paz y Justicia. ¡Viva Cristo Rey!» Iba a cumplir cuarenta y tres años. Un tío suyo, el arquitecto Gabriel Alomar, que actuó como su defensor legal, estuvo con él hasta que las balas del pelotón de fusilamiento lo abatieron. Lo enterraron en una tumba que el mismo Gabriel Alomar había adquirido. No se celebró ningún funeral en el pueblo y tampoco se reseñó su muerte en el Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado. Los falangistas confiscaron la casa que los Alomar tenían en Sa Pobla y la convirtieron en cuartel. Su hermano Francesc estuvo en la cárcel hasta que acabó la guerra. Al cura Jeroni se lo tragó la tierra. Los hijos de los fran­quistas lo rechazaron por rojo. La represión y el miedo impi-


El nuncio del Vaticano, monseñor Antoniutti, saludado por el coronel Arciniega. Vitoria, abril de 1956.

Ildebrando Antoniutti había sido nombrado encargado de negocios de la Santa Sede ante el Gobierno de Franco en septiembre de 1937, cargo en el que apenas permaneció un año. Tras una larga estancia de delegado apostólico en Canadá, volvió a España en 1953 como nuncio del Vaticano. (Foto: Arqué, Archivo Muni­cipal de Vitoria.)

dieron que los hijos de los vencidos lo recordaran. «Después de su muerte, nunca oí hablar más de don Jeroni», decía hace poco un vecino de Llubí de noventa y cuatro años de edad.

Pocos oyeron hablar asimismo de Andrés Ares Díaz, párroco de la población coruñesa de Val do Xestoso, en Monfero. Según consta en el Registro Civil de Fene, murió frente al cementerio de Barallobre en la noche del 3 de octubre de 1936, a conse­cuencia de «herida que recibió por arma de fuego, al pretender fugarse, cuando por la fuerza de orden era conducido para practicar una diligencia». Cosa peculiar también, que le aplica­ran la ley de fugas a un sacerdote. Tenía cuarenta y cinco años.


El 18 de julio estaban de fiestas en Val do Xestoso. Andrés Ares era el encargado de la comisión de fiestas y tenía en su po­der la recaudación. Con la sublevación militar, los falangistas le exigieron que aportara ese dinero para la «causa». Se negó y fue detenido acusado de ofrecer ese dinero a Socorro Rojo. Se lo lle­varon a El Ferrol y de allí, de «paseo», a Barallobre. Su cuerpo yace en una tumba sin lápida. Según el registro, fueron las fuer­zas de orden las que le causaron la «herida». Algunos testimo­nios orales aseguran que lo asesinaron milicianos falangistas. En el cuartelillo de Falange de Barallobre dijeron que lo detuvie­ron por saludar con el puño en alto a las fuerzas del ejército.

En Galicia mataron también a un ex sacerdote, Martín Usero Torrente, que se había secularizado en 1928. Como capu­chino, estuvo en Cataluña, en Latinoamérica y en Asia. Tras dejar el sacerdocio, se afilió al PSOE. Intervino desde el bal­cón del ayuntamiento de El Ferrol el día de la proclamación de la República y dejó su huella en la comarca en actividades so­ciales y culturales. Fue fusilado en el castillo de San Felipa, po­blación en la que residía, el 20 de agosto de 1936. Quemaron sus libros y una autobiografía que estaba escribiendo sobre sus sesenta y un años de vida.

«La vida valía menos que una patata», decía un vecino de Maniños al recordar aquellos meses de terror «caliente» de 1936 en Galicia. Menos que una patata. Nada. No valía nada para de­cenas de miles de hombres y mujeres «indeseables», «infieles», «rojos», que murieron asesinados por militares, falangistas y ca­balleros cristianos de aquella cruzada. Ni siquiera valía la de al­gunos sacerdotes o la de católicos ilustres como Manuel Carrasco i Formiguera, diputado por Gerona en las Cortes Constituyentes de la República, dirigente de Unió Democrática de Catalunya, que salvó la vida de numerosos perseguidos por la revolución en Cataluña, fusilado en Burgos a las 7 de la mañana del 9 de abril de 1938. Ni la de militares como Domingo Batet, que había sido el jefe de la IV División de Cataluña en octubre de 1934, restaurando la autoridad del Gobierno central frente a la Generalitat. En julio de 1936 era jefe de la VI División Orgánica con sede en Burgos y se negó a sublevarse. Fue condenado a muerte y fusilado el 12 de febrero de 1937.


Batet y Carrasco i Formiguera oyeron misa y comulgaron con dos sacerdotes jesuítas antes de ser fusilados. A Emili Darder, el alcalde republicano de Palma, lo sacaron enfermo del Hospital Provincial para asesinarlo, y el padre Anastasi, el su­perior de los capuchinos, le tuvo que dar la comunión en una cuchara de agua. Son casos conocidos de gente famosa, en los que el reo y el confesor mantenían una buena relación. Nada que ver con todos esos otros ya narrados bajo el terror «ca­liente», con el cura «con los zapatos entre la sangre», sintien­do un «regocijo extraordinario» por la guerra «santa y justa» exterminadora de infieles.

Amigos y defensores de los asesinos en un bando y mártires en el otro. Ésa fue la doble faz del clero español durante la guerra civil. La jerarquía eclesiástica, los sacerdotes diocesa­nos y los religiosos de las diversas órdenes no necesitaron hacer equilibrios para legitimar desde el principio la violencia orga­nizada y ejecutada por los sublevados. Pero la reacción anti­clerical que desencadenó el golpe militar allí donde fue derro­tado, contribuyó todavía más a que prestaran todos sus servicios ideológicos y propagandísticos al ejército rebelde, a que persiguieran al infiel hasta la tumba, para salvar el alma, destruido a tiros el cuerpo, a que secundaran con más ahínco la paz incivil que siguió a la guerra. Examinemos el lado már­tir de la Iglesia, el de los auténticos mártires, porque como es­cribía fray Justo Pérez de Urbel todavía en 1961, refiriéndose a los sacerdotes vascos asesinados, «no son ellos los mártires de quienes puede enorgullecerse la Iglesia». Los buenos eran otros.


Capítulo IV

«Los hijos de Caín»

«Los comunistas y anarquistas son los hijos de Caín, fratricidas de sus hermanos, envidiosos de los que ha­cen un culto de la virtud, y por ello les asesinan y les martirizan; y no pudiendo acabar con Dios ni con Cristo, sacian su odio en sus imágenes, en sus templos y en sus ministros, y se gozan en el asesinato, en el sa­queo, en la destrucción y en el incendio.»

"Enrique Pla y Deniel, «Las dos ciudades», 30 de sep­tiembre de 1936.

Los militares sublevados fueron derrotados en todas las gran­des ciudades, excepto en Zaragoza y en Sevilla. La mañana del 19 de julio José Giral, amigo y hombre de confianza de Ma­nuel Azaña, sustituyó a otro republicano. Santiago Casares Quiroga, como jefe de Gobierno. Giral dio el paso decisivo de armar a los militantes obreros y republicanos más comprome­tidos, que salieron a las calles a combatir a los sublevados allí donde la fidelidad de algunos mandos militares, o la indeci­sión de otros, lo permitió. Esa resistencia aliada de fuerzas ar­madas leales a la República y de militantes de las organizacio­nes políticas y sindicales fue fundamental para aplastar la revuelta en Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Gijón o San Sebastián.

No fue, por lo tanto, el pueblo, «el pueblo en armas», quien venció solo a los rebeldes en las calles de las principales ciudades españolas. Pero el Estado republicano, al perder el


monopolio de las armas, divididos su ejército y sus fuerzas de seguridad por el golpe, no pudo impedir que allí donde la su­blevación fue derrotada se abriera un proceso revolucionario, súbito y violento, dirigido a destruir las posiciones de los gru­pos privilegiados. Las calles se llenaron de hombres y mujeres armados, nuevos protagonistas, muchos de los cuales se ha­bían significado por su vigorosa oposición a la existencia de ese mismo Estado. No estaban allí exactamente para defender la República, a quien ya se le había pasado su oportunidad, sino para hacer la revolución. A donde no había llegado la Re­pública con sus reformas, llegarían ellos con la revolución. Los medios políticos dejaban paso a los procedimientos armados.

Sin reglas ni gobierno

Abortar la sublevación en Madrid y Barcelona, las dos ciuda­des más importantes de España, resultó muy costoso. Cuando el 20 de julio se entregaron los últimos militares alzados en Barcelona, que se hallaban encerrados en el convento de las carmelitas, y el general Manuel Goded anunciaba por radio su derrota y rendición, los enfrentamientos en la capital catalana habían dejado ya 450 muertos. Y ni la guerra ni la revolución habían comenzado aún.

Ese mismo día, grupos de obreros armados y militares fieles al Gobierno republicano asaltaron el cuartel de la Montaña en Madrid, donde se habían hecho fuertes los insurrectos al man­do del general Joaquín Fanjul, apoyados por falangistas. El balance final fue trágico: los airados asaltantes, que habían visto caer en esa lucha a muchos de sus compañeros, mataron allí mismo una vez rendidos a más de un centenar de militares y falangistas. Fanjul sobrevivió unos días, antes de ser juzgado y fusilado. Esa primera matanza ya causó desolación entre al­gunos de los que defendían la legitimidad republicana. Como dejó escrito el socialista Julián Zugazagoitia, «los oficiales fueron ejecutados por los más violentos de los milicianos que no creían llegada la hora de la piedad». No era, en verdad, la piedad una virtud que destacaría en esas calurosas jornadas de


julio y todavía iba a sobresalir menos en los años y décadas posteriores.

Sin piedad fueron tratados los militares sublevados que fra­casaron en su intento, a quienes se consideraba los primeros responsables de la violencia y la sangre que estaba esparcién­dose por ciudades y campos de la geografía española. Casi un centenar de jefes y oficiales que se adhirieron a la sublevación en la guarnición de Barcelona fueron ejecutados entre media­dos de agosto y febrero de 1937. Los ejemplos de actuaciones impunes contra militares presos tras su derrota adquirieron una inusitada crueldad en Madrid, donde en todas las «sa­cas», especialmente en las masivas de noviembre de 1936, se seleccionaba para su ejecución a miembros del ejército. La es­cena de matar militares se repitió en Menorca, Almería, Mála­ga, Albacete, Guadalajara, Lérida, San Sebastián y otras ciu­dades donde la sublevación no pudo triunfar.

Se suponía que todos esos militares eran fascistas «proba­dos» y a los fascistas «probados», como declaraba el periódico anarcosindicalista Solidaridad Obrera el 1 de agosto de 1936, había que asesinarlos. Militares y, sobre todo, clero constituye­ron los blancos inmediatos de la violencia purificadora que pre­sidió el verano de 1936 allí donde la derrota de la sublevación abrió las puertas a la revolución. Junto a ellos, el exterminio al­canzó en esas primeras semanas a políticos, conservadores, pro­pietarios, terratenientes, labradores, burgueses, comerciantes, trabajadores significados en las fábricas por sus ideas modera­das, técnicos y jefes de personal de las diferentes industrias, y católicos, muchos católicos. Y la sangre corrió derramada por los múltiples comités de empresa, barrio y pueblo que se crea­ron al calor de la revolución; por los milicianos, por los «grupos de investigación y vigilancia» encargados de limpiar la atmósfe­ra de gente «malsana». Todo «en bien de la salud pública». No deja de resultar llamativo que esa obsesión por la «limpieza», por la «higiene» o por la «salud pública» la compartieran en aquel verano de 1936 quienes mataban a un lado y a otro de la línea marcada por el éxito o el fracaso de la sublevación militar.

Un hervidero de poderes. Eso es lo que era la zona republi­cana tras el golpe de Estado de julio de 1936. Un hervidero de


poderes armados, de difícil control, que trataban de llenar el vacío de poder dejado por la derrota de la sublevación militar en las principales ciudades españolas y en extensas zonas del mundo rural, en latifundios sin dueño y en cientos de peque­ños pueblos sin amos. El Estado dejó de existir más allá de Madrid, si es que allí existía. Era el momento del poder de los comités, de las patrullas de «vigilancia», de la creación de po­deres locales y regionales al margen de ese Gobierno de Ma­drid, presidido por José Giral, al que, ecos del pasado, todavía llamaban «central». Todos querían controlar el descontrol. Por eso se hablaba tanto de incontrolados y no había comité o patrulla que se preciara que no se llamara «de control».

Muchas cosas y personas, sin embargo, impedían al princi­pio el control y favorecían el descontrol. Del derrumbe del Es­tado, de la desintegración de la Administración y del reparto de armas entre aquéllos dispuestos a cogerlas surgió una olea­da de igualitarismo militante, de milenarismo, una «revolución espontánea» que, según la visión de muchos testigos, habría colectivizado fábricas y tierras, suprimido los salarios y esta­blecido el paraíso terrenal con el que hacía tiempo que el pue­blo soñaba. Es la imagen, por ejemplo, que dejó para la poste­ridad George Orwell en su Homenaje a Cataluña, publicado por primera vez en inglés en 1938.

A George Orwell, recién llegado a Barcelona, el aspecto ex­terior que presentaba la ciudad le pareció «impresionante y abrumador»: «Era la primera vez que estaba en una ciudad en que la clase obrera ocupaba el poder.» Los edificios estaban adornados con banderas rojas y negras; las iglesias saqueadas;

las tiendas y los cafés colectivizados. «Los camareros y los de­pendientes le miraban a uno cara a cara y lo trataban como a un igual. Las expresiones serviles o simplemente respetuosas habían desaparecido». El «tú» sustituía al «usted» y el «¡sa­lud!» al «¡adiós!». Los altavoces «atronaban el aire» con can­ciones revolucionarias. Aparentemente, «las clases adineradas habían dejado de existir»: no se veía a gente «bien vestida», con corbatas y sombreros. El mono o las «ropas muy sencillas propias de la clase trabajadora» habían desplazado al traje burgués.


En esos cambios en el «aspecto de Barcelona» se detuvo también Francisco Lacruz en la versión que desde el lado de los vencedores elaboró en 1943 en El Alzamiento, la revolu­ción y el terror en Barcelona: «En esta ciudad, creada por el esfuerzo de una burguesía laboriosa, población excepcional­mente dotada para la vida cómoda, disciplinada y grata, todo se había convertido en sórdido y torvo. Una multitud proleta­ria, agitada por los más ruines sentimientos revanchistas, im­ponía a la gran masa absorta por el terror su sentido plebeyo de la vida.» Lo bello, pulcro y refinado había sido proscrito «con rabia implacable». Lucir un traje, ir afeitado o usar per­fume «era tanto como confesarse "fascista", condenándose voluntariamente al "paseo"».

Las mujeres tuvieron que prescindir del sombrero, de los bellos vestidos, de las joyas, «de los zapatos sutiles», y vestirse con «la ordinariez innata en ciertas mujeres de las capas infe­riores de la sociedad». Los hombres, por su parte, «se esforza­ban en presentarse como albañiles que acabasen de abando­nar el trabajo». Se iba en mangas de camisa, «con las ropas más viejas del ajuar o a veces estropeadas ex profeso». Así era aquella Barcelona, donde la muchedumbre «sudorosa, hara­pienta y desaseada (...) parecía ya la de una población mosco­vita».

Acorralados es como estaban esos burgueses y terrate­nientes, obligados a adoptar atuendos obreros si querían se­guir con vida. Como José Félix, el protagonista de Madrid de corte a checa (1938), de Agustín de Foxá, que «se había quita­do la corbata e iba despechugado (...) porque la burguesía de Madrid, acorralada, se pasaba el día junto al fogón de la coci­na o la caldera de la calefacción, quemando retratos y recibos de Renovación o Acción Popular».

Y es que la marea revolucionaria llevó con ella desde el principio una ola de terror. Porque para destruir todos esos símbolos de jerarquía social en el vestido y en las costumbres, para «imponer el sentido plebeyo de la vida», hubo que pasar por encima de los cadáveres de miles de personas, enemigos políticos y de clase, de militares y clero, de propietarios y tra­bajadores conservadores y católicos, de latifundistas y peque-


ños propietarios, de caciques y señoritos. Y para llegar a la co­lectivización de tierras y fábricas hubo que incautarse de los bienes de esos propietarios huidos, asesinados o en prisión. Un proceso que se repitió, con más o menos violencia, en las industrias de Barcelona, Madrid y Valencia, o en las tierras de Aragón, Jaén y Ciudad Real.

Antes de construir, había que eliminar de raíz «el mal so­cial» y a sus principales causantes. En eso consistía la revolu­ción para muchos dirigentes y militantes anarcosindicalistas, pero también para otros muchos socialistas o sindicalistas de la UGT: en la eliminación radical de los símbolos de poder; en el derrumbe del orden existente; en propagar por doquier una retórica agresiva que hablaba de sociedad sin clases sin partidos, sin Estado. Revolución era limpiar el ambiente, aplicar el bisturí a los órganos enfermos. Herencias jacobinas, de los re­volucionarios decimonónicos, de la revolución rusa, reflejadas en los «Comités de Salud Pública» que, como en Lérida o Má­laga, se dedicaron en aquel verano de 1936 a la limpieza de gente «malsana».

La eliminación radical de todos esos representantes del po­der encontró en el «paseo» la «práctica de justicia expeditiva» para saldar rencillas, saciar el odio de clase o clamar vengan­za. La descripción que de ese método nos ha dejado el anar­quista Juan García Oliver, ministro de Justicia desde noviem­bre de 1936 a mayo de 1937, no deja lugar a dudas: «puesto que la sublevación militar había supuesto la rotura de todos los frenos sociales, porque fue realizada por las clases históri­camente mantenedoras del orden social, los intentos de resta­blecer el equilibrio legal hicieron que el espíritu de justicia re­virtiese a su origen más remoto y puro: el pueblo: vox populi, suprema lex... Y el pueblo, en tanto duró la anormalidad, creó y aplicó su ley y procedimiento, que era el "paseo"».

«Crimen motorizado», lo llamaba el reaccionario Agustín de Foxá. Patrullas que se apropiaban de lo ajeno, incautaban palacios, mansiones aristocráticas y burguesas, y automóviles, sobre todo grandes automóviles, donde «paseaban» a sus víc­timas. Algunos de los miembros de las patrullas eran delincuen­tes comunes, a quienes los milicianos habían abierto las cárce-


les tras la derrota de los sublevados, que saldaban ahora viejas cuentas o se vengaban del resentimiento acumulado. «Incon­trolados» los llamarán, aunque no hay que abusar del térmi­no. Había muchos convencidos, nada que ver con delincuen­tes comunes, de que la revolución consistía, en primer lugar, en aplicar el bisturí a los órganos enfermos de la sociedad, es decir, a burgueses, militares, clérigos y terratenientes, «parási­tos» todos ellos. Y había también muchos creyentes, represen­tados entonces por intelectuales como Rafael Alberti, en el «asesinato necesario», en esa guerra de clases que derrumba­ría un mundo caduco y burgués, para emerger, de sus cenizas, el de las familias proletarias. Ese mismo radicalismo con los burgueses ya lo había reclamado Lucas Samar, el protagonista de Siete domingos rojos (1932), de Ramón J. Sender: «Salgo a la calle. Un burgués no es una persona. Ni un animal. Es me­nos que todo. No es nada. ¿Cómo voy a sentir que muera un burgués yo, que salgo a la calle a matarlos?»


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